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From: Sonia Chaves Castro <soniachavesc@gmail.com>
Date: Sun, 20 Sep 2009 22:22:46 -0600
Subject: La Próspero Fernández es nuestra.
To: Cynthia Crespo <cyncrespo@gmail.com>
La concesión de la autopista Próspero Fernández arremete contra nuestra soberanía, y contra nuestra inteligencia, es por eso que protestamos porque la verdad y la razón están de nuestro lado. Hace aproximadamente 30 años el gobierno con el dinero de todos los costarricenses decidió construir esta importante vía, pagó los dineros por las tierras que constituyen el derecho de vía, que es uno de los rubros más caros, y se construyó la Autopista Próspero Fernández .Esta se ha caracterizado durante muchos años, por ser una de las vías terrestres de nuestro país, con programas de mantenimiento de primer nivel. Los habitantes del cantón de Santa Ana, Mora y Puriscal siempre han gozado de una conexión con la ciudad capital, que les ha brindado las mejores facilidades, no solo de tiempo, sino de seguridad, por el estado de la vía. Esta vía nacional ha constituido un elemento de desarrollo que por casi treinta años ha potencializado el futuro de estas ciudades, esta se ha pagado directa e indirectamente mediante los peajes y los impuestos directos al ruedo y a los combustibles.
Las implicaciones que están experimentando los habitantes de Puriscal, Mora y Santa Ana por la determinación inconsulta del Gobierno de la República de turno de entregar en concesión, la Vía Próspero Fernández e incorporarla a la carretera nueva hacia Orotina mediante una administración extranjera, cuyos costos de operación incidirán de manera notable en la estabilidad económica de los habitantes del oeste LA GAM y Orotina, como es de conocimiento público el gobierno de la república firmo un contrato de concesión de obra pública por un plazo de 25 años y medio, con una longitud de 76,8 kilómetros con tres tramos, correspondiendo a la primera sección Gimnasio Nacional - Santa Ana de 14 Km. (Próspero Fernández), aproximadamente.
Los habitantes de los cantones de Santa Ana, Mora y Puriscal, aunque podrían reconocer algunas mejoras realizadas, no se ven particularmente beneficiados por ellas, toda vez que la ruta por la que se comunican con la capital, sigue brindándoles las mismas condiciones que ya tenían antes: la misma distancia, la misma calidad, la misma seguridad del trazado. Algunas obras realizadas en nuestra jurisdicción han sido construidas sin mayor planificación ni en resguardo de los derechos de la ciudadanía. Ejemplo de ello lo evidencia el puente peatonal construido en el Distrito de Pozos (sin uso y sin permisos de construcción), la instalación de paradas y bahías mal ubicadas que no satisfacen las necesidades de los habitantes y el deficiente diseño y construcción de los puentes peatonales. A los habitantes del oeste de la capital les corresponderá contribuir por veinticinco años al mantenimiento de esa vía prorrogables 50 años más, mediante un aumento a la tarifa de peaje de un 1000 por ciento que ya pagaban como peaje, por circular en esa ruta. El modelo tarifario que explica este aumento incluye, no solo, el pago de los costos que ocasionaron las obras realizadas, sino el pago adelantado de las obras que aún no inician, y que para los habitantes de Santa Ana, Mora y Puriscal y Orotina, significa una carga de costos más en los pobladores de los lugares afectados, lo que ha contribuido a deserción estudiantil por el alto costo de los peajes. Los únicos beneficiados con el proyecto son la Autopista del Sol y sus socios. Ante el incremento en los costos para transitar por la Próspero Fernández, la opción que les queda a los habitantes de la zona oeste, y Orotina, es utilizar las vías alternas, conocida como "Calle Vieja", ruta de alta peligrosidad, angosta, sinuosa, con curvas verdaderamente riesgosas, con guindos pronunciados, oscura y mal señalada. Lo mismo ocurre en Orotina donde no existen vías alternas. Las decisiones de los ciudadanos (as) de transitar libremente, según sus mejores intereses es un imperativo de derecho, tutelado por la Constitución y las leyes, por lo que el Estado debe velar por ofrecerle una alternativa justa para su libre movilización.
El impacto vial no tiene precedentes pues la circulación de 85.000 vehículos diarios que transitarán por esa carretera concesionada, representa un serio peligro para los moradores del lugar.
Los gobernantes de turno deben velar por el desarrollo armonioso y estimulante de las comunidades nacionales, debe ser respetuoso del medio ambiente, del paisaje y de una comunicación vial con visión de futuro, consecuente con una política de planificación a largo plazo y no siendo la simple acción de retomar diseños vetustos y obsoletos que constituyan una afrenta para los pueblos de hoy y del mañana. Las comunidades de los Cantones del oeste de la ciudad de San José y Orotina tienen el derecho de una interconexión ordenada y funcional con su principal arteria de comunicación como es la Próspero Fernández y que los proyectos mal concebidos de desarrollo vial no los deben soportar los ciudadanos y ciudadanas, y son los gobernantes los llamados a responder por sus actos y su escasa visión hacia el futuro.
Según la ley 7798. Es el CONAVI el responsable de darle contenido a dicha actividad y al mantenimiento y el desarrollo de la Red Vial Nacional y que dicho fondo está formado por la recaudación de dos impuestos: El 50% de los ingresos recaudados por INS, impuesto a la propiedad de vehículos. Y la ley 7088, con la cual el 75% de los ingresos del impuesto único a la venta de los combustibles debe ser utilizado en el mantenimiento de la red vial.
Dicha recaudación de estos impuestos ha alcanzado cifras billonarias y estos deben constituirse, a corto y largo plazo, en una fuente financiera que garantiza al Estado Costarricense, el flujo de ingresos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de las obras de infraestructura vial que requiere el país.
Por lo tanto:
· Solicitamos al gobierno de la República la aplicación de los fondos referidos a la finalidad prioritaria establecida por la ley 7798 y que sea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Concejo Nacional de Vialidad los que asuman con su presupuesto, las inversiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las técnicas y normas de ingeniería en el mantenimiento y conservación y adecuación de la carretera Próspero Fernández y la de Orotina la seguridad vial de los habitantes de los Cantones tanto para el uso del transporte público, el tránsito general y peatonal, vías alternas entre las comunidades aledañas, así como las obras que garanticen el cuidado del medio ambiente y el manejo de las escorrentías originados por los desagües de las carreteras.
· Demandamos al Gobierno de la República y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes declarar una moratoria en los cobros desproporcionados de peajes en la Carretera Próspero Fernández, y con la de Orotina mientras se renegocia un nuevo modelo tarifario de la Autopista, ya que esta vía es patrimonio de la población nacional en general y que la misma es solamente una vía de interconexión y no es parte integral de la Carretera a Orotina.
· Con el pretendido peaje ubicado en cruce de Piedades de Santa Ana las comunidades de los Cantones de Santa Ana, Puriscal y Mora insistiremos por todos los medios legales a nuestro alcance, su retiro definitivamente.
· Exigimos la renuncia de la Ministra de Obras Públicas y Transporte: Karla González, la del viceministro Obras Públicas y Transporte: Guillermo Matamoros, y la gerente de los proyectos de concesiones viales: Ada Muñoz, por permitir una serie de irregularidades donde solo son beneficiados los dueños de Autopistas del Sol, usurpando nuestro patrimonio nacional por hasta 50 años.
COMITÉS PATRIOTICOS DEL OESTE.
